domingo, 26 de octubre de 2014

Sentimiento nacionalista y otros sentimentalismos

El sentimiento triunfa en la sociedad española. El sentimiento vota a Podemos, cree que existe el derecho a decidir, pide la independencia. Contra la manipulación, el engaño, la ineptitud, el amiguismo, la endogamia, el clientelismo, el caciquismo… que ha dominado la política española, especialmente durante las últimas décadas, se alza una comunidad afectiva que necesita una ruptura radical con ese pasado. El problema es que el rupturismo se instala a costa de vaciar la política, la que verdaderamente se necesita. Es cierto que hemos estado dominados por una casta, pero también lo es que ahora unos piden estarlo por una secta y otros por los mismos esquemas institucionales, pero fuera del Estado español, corrupto y discriminatorio. Podemos y Ganemos, por un lado,  e independentistas e identitarios, por otro (incluyo aquí, por ejemplo, al Partido Popular, que en la Comunidad Valenciana se lanza a sacar leyes de identidad cultural, para defender en año electoral, entre otros, la paella, els bous al carrer, y un idioma valenciano autóctono que dicen no tiene nada que ver con el catalán), se dan la mano apelando a una emocionalidad que promete igualitarismos y paraísos territoriales para reconstruir esta patria, unos a partir de la gente y otros a partir de una nueva territorialidad. El sentimiento apela a la ciudadanía como entidad unitaria. Y a un enemigo, la casta y el Estado. El primero tan difuso como su acusador, la masa. El segundo, otro Estado, tan nítido como su acusador. 

Es cierto que el sentimiento antisistema y los tribunales de justicia son la única salida que nos deja la estructura del Estado creada durante la transición, pero también es cierto que las alternativas constituyen un modo de no decir, de no solucionar, sino de derivar las respuestas hacia  espacios vacíos, hacia ideas tomadas de la rabia y de la ira. Porque en el fondo el sistema continúa intocable. Ni la Constitución, ni el sistema electoral, ni la ley de partidos, ni el Banco de España, ni la administración de justicia, ni la inspección fiscal, ni el concordato... han cambiado sus normas de regulación para redefinirse en función de nuevos presupuestos democráticos, laicos y de justicia, igualitarios y eficaces. El sentimentalismo no es más que otra herramienta de la política para conseguir parcelas de poder. 

La solución alternativa sentimentalista propone dar todo el poder o bien a la masa ciudadana, o bien a un nuevo marco territorial. En el primer caso se pretende recrear una falsa democracia plebiscitaria, que en realidad no es más que una democracia representativa encubierta que reproduce los esquemas jerárquicos clásicos de los partidos, pero con el voto de la militancia como soporte, debidamente guiado por mecanismos de propaganda y de imagen típicamente de la llamada casta. En el segundo caso se presupone que los catalanes, por el mero hecho de serlo y decidir sobre lo suyo, Cataluña, van a gobernar más justamente. Lo de los «peperos» valencianos es de traca, no quieren denominarse nacionalistas, por lo que apelan a un regionalismo decimonónico, la Valencia profunda, para poder ganar los votos que han perdido mediante una gestión caciquil y corrompida que, a su vez, se basaba en reivindicar una Valencia global e internacionalista.

¿Cuándo acabaremos de una vez la transición, superando clientelismos, caciquismos, amiguismos, nacionalcatolicismos, nacionalismos antiMadrid…? ¿Para cuándo trazaremos una democracia representativa dibujada desde la ética y la política?  

sábado, 11 de octubre de 2014

El referéndum no es democrático. Cataluña y la voluntad popular

 «Nadie usurpará al pueblo su derecho a decidir». «El pueblo debe ser escuchado». «En una verdadera democracia es el pueblo el que decide».  Todas estas son afirmaciones que estamos escuchando últimamente muy a menudo. La principal razón esgrimida por los independentistas catalanes apela al esencialismo democrático: es el propio pueblo el que ha de decidir a qué Estado pertenecer. El debate, por tanto, se centra en el cuestionamiento de la democracia representativa frente a la opción de una democracia plebiscitaria. Y el referéndum es el mecanismo para oír la voz del pueblo. Un viejo debate en filosofía política que se ha resuelto normalmente a favor de reforzar los mecanismos de la representación o delegación del poder del ciudadano. Que nuestros dirigentes y sus estructuras partidistas hayan fracasado rotundamente en la gestión de lo público, no invalida el modelo, sino a sus ejecutantes. Pero en la crisis actual la desesperanza y falta de confianza en las clases dirigentes es tan alta que se demandan medidas extremas y entre otras quitarle poder a todo un cúmulo de instituciones sindicales, empresariales, financieras… sumidas en la corrupción y la impunidad. El problema es que el referéndum no es un instrumento democrático, sino una apariencia del mismo. Veamos algunas razones:

1. El referéndum se basa en la creencia de la existencia de una voluntad popular. Pero el hecho es que la voluntad social no existe como un modo unificado de pensamiento. A través de un referéndum es imposible determinar qué es lo que piensan los diversos y numerosos grupos sociales y las diferentes corrientes de opinión que existen en una sociedad tan compleja como la nuestra. Por eso existen los partidos políticos para expresar la diversidad de tendencias ideológicas de la ciudadanía. El principio de mayoría en que se fundamenta este instrumento pone en peligro los derechos de las minorías en que se basa la democracia. La voluntad popular es lo que ha votado la mitad más uno de la población. Un dato numérico sustituye a una red de pensamiento.

2. La voluntad popular es el resultado de unas circunstancias coyunturales. Hace cinco o seis años la voluntad popular en Cataluña no era independentista y en ese momento a nadie se le ocurrió que había que conocerla. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Si hoy se celebrara un referéndum es posible que el sí fuera mayoritario. Pero imaginemos que  una vez conseguida la independencia, Cataluña entrara en un proceso de recesión económica todavía más grave que el que padece (en realidad no hace falta imaginarlo, pues sería una realidad), ¿habría que convocar entonces un referéndum para conocer la voluntad catalana? ¿No vencería entonces la unión con España? (¿en la futura constitución catalana existiría un mecanismo jurídico para la secesión o la unión con otros territorios?). Los referéndums solo se convocan cuando interesa al que lo convoca, cuando el que lo convoca busca afirmar su ideario político. En la guerra de Irak pasó algo parecido. En el país más democrático del mundo, EEUU, no se convocó referéndum, aunque la opinión mayoritaria era favorable a la invasión, después de una campaña de manipulación pública, incluyendo mentiras sobre las armas de destrucción masiva iraquíes. El riesgo era excesivo. ¿Cuál hubiera sido el resultado después de una campaña electoral larga y costosa? En España tampoco se convocó un referéndum, pues la opinión pública era claramente mayoritaria en contra de la guerra, y Aznar nos metió en ella. No nos engañemos, el referéndum es un mecanismo más de control de la sociedad por parte de los partidos políticos. El referéndum se convoca cuando se sabe por las encuestas que la voluntad popular estará a favor del que la convoca, luego lo importante es el conocimiento de la opinión social en un momento dado, que se realiza a través de los medios demoscópicos adecuados. Y lo difícil es gestionar técnica y políticamente la complejidad de los intereses que conforman el juego social de fuerzas.

3. El referéndum obliga a opciones reduccionistas. El carácter dicotómico de la cuestión plebiscitada construye una polarización política simplificadora. Las sociedades son cada vez más complejas y sus gobernantes deben atender a todos los intereses en juego. Los referéndums son un mal procedimiento para la toma de decisiones. Las opciones que se ofrecen para su voto suelen ser simples y maniqueas, cuando lo lógico es tratar los problemas en toda su gama de matices. La secesión o la unión no son la manera de solucionar una situación de conflicto, salvo que se dirima una situación de opresión o de discriminación no solucionable de otra manera, que no es el caso.

4. El referéndum no resuelve el problema. Supone que la mitad más uno de la población de un territorio se impone sobre el resto. El paso de la voluntad individual a la voluntad mayoritaria se realiza a través de una simple cuantificación El complejo mundo de intereses en juego en toda sociedad no puede ser resuelto dando la razón a una simple mitad más uno de la población. Eso sí que es antidemocrático, no escuchar a las minorías, o no intentar satisfacer a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Tanto si hubiera vencido el sí como el no, en Escocia lo único que se ha demostrado es que la sociedad está dividida. Si hubiera ganado el sí, en un futuro Estado independiente escocés existiría el mismo problema de división ciudadana. Y con el no pasa otro tanto. Ahora se solucionará políticamente cuando se piense en la convivencia de todos los escoceses y se les otorgue más autonomía y mejor financiación.

5. La voluntad popular también se equivoca. Partimos de una máxima económica: el cliente siempre tiene razón. Si cambiamos cliente por ciudadano, se ha hecho el milagro, aparece la democracia directa. Las condiciones de existencia del mercado se imponen y nos intentarán por todos los medios vender sus productos a costa de cualquier tipo de manipulación. En la democracia representativa es cierto que también se producen esos tejemanejes. Pero desde el momento en que el representante político se sitúa entre el ciudadano y los grupos de poder, tiene que jugar a dos manos y la acción de presión se compensa. En el referéndum todo se juega a convencer y generar una opinión pública favorable a una única solución posible.

6. La democracia plebiscitaria supone un caos convivencial, legal y económico. Si damos la palabra al pueblo, la inestabilidad política imposibilitaría la convivencia. Para seguir esa máxima plebiscitaria habría que consultar periódicamente sobre multitud de temas: pena de muerte, monarquía o república, aborto,… derechos fundamentales o política económica… Imaginemos que preguntamos todo esto cada cuatro años, al comienzo de cada legislatura, puesto que los políticos deberían gobernar de acuerdo con su resultado, e imaginemos que las contestaciones populares fueran cambiantes, ¿podría un Estado sobrevivir a semejante fluctuación? Por otro lado, la propaganda gubernamental y partidista funcionaría a toda máquina para cada plebiscito a través de sus medios propios o afines, emplearía todos los mecanismos de propaganda y manipulación posibles, de forma que el Estado estaría más en manos del marketing que de la política, más del sentimiento que de la razón. El sentimiento independentista es algo difuso y que llama más a votar en contra de algo que a favor de construir algo, sin meditar las consecuencias reales de esa decisión. La crisis económica, la crisis de los dos grandes partidos, la huida de la propia responsabilidad de la situación de Cataluña, la redistribución discriminatoria de la renta… aparecen de fondo del surgimiento del independentismo secesionista coyuntural actual, pero también podrían ser la excusa para cualquier otra forma de Estado, lo que supondría una opción menos peligrosa y costosa política y económicamente.

7. El referéndum se utiliza como una amenaza permanente, un hecho desestabilizador. Si un grupo político o social considera que no se han satisfecho sus reivindicaciones, simplemente amenaza con convocar un referéndum. En España ya tenemos dos. El de Canarias es además claramente manipulador, con una pregunta en la que se tiene que elegir o el petróleo o el medio ambiente.  Ahí es nada. Es imposible constituir un Estado de derecho bajo la amenaza constante de recurrir a la voluntad popular para conseguir por aclamación lo que no se ha conseguido por acuerdo político. Se utiliza esa supuesta voluntad como arma contra la legalidad. El referéndum podría convertirse en una herramienta de desestabilización permanente en manos de grupos de poder mediático asociados a poderes económicos y políticos.

8. Todo referéndum acaba siendo reducido por los votantes a dos cuestiones fundamentales. Una es ideológica y otra coyuntural. Cualquier cuestión que se plantee en el referéndum es entendida como, o bien un voto para apoyar a un partido político, o bien para castigar a otro (por ejemplo, el caso del brexit). Lo que a la mayoría de la gente le importa es que salga a flote su partido o su ideología, frente a qué es lo que concretamente se está preguntando. La pregunta es un test para evaluar a los partidos. Al mismo tiempo, es la coyuntura económico-social lo que se pone en juego en los referéndums. Cómo influirá el resultado en solucionar los problemas que existen en el momento de convocarse. Ambos aspectos aparecen inevitablemente en cualquier consulta de modo que casi lo menos importante es la pregunta en sí, sino las consecuencias que puede provocar en el equilibrio de partidos o en la mejora de la situación actual. Ambos aspectos desvirtúan la pregunta en sí y sus resultados.  

Por muy controvertido que parezca el referéndum no significa más poder para el pueblo. Por el contrario, la mejor solución consiste es de mejorar los mecanismos de la democracia representativa a través del control de los partidos políticos, de su financiación, de su estructura y toma de posición internas. Además es necesario disponer de una ley electoral que permita a las minorías alcanzar los parlamentos. Recuerdo un programa de televisión donde se entrevistaba a un parlamentario inglés que comentaba que acababa de llamarle al móvil un ciudadano, por lo que se había visto obligado a salir de una sesión del parlamento para atenderle. En España estamos a años luz de vivir en el escenario de una democracia representativa real y amplia, y ya nos estamos planteando sustituirla por una plebiscitaria. Como siempre, en los extremos.







domingo, 23 de marzo de 2014

Nuestro nacionalismo catalán

Vivimos en un país sin una estructura de Estado. Nuestro Estado se va construyendo permanentemente dependiendo de las necesidades políticas del gobierno de turno. Durante mucho tiempo hemos asistido al reparto competencial en función de la necesidad de mayorías parlamentarias en el Congreso del partido gobernante. No hay Estado concreto, sino una estructura administrativa y territorial que se autodefine sin limitación. Diputaciones, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado central, entremezclan y duplican sus competencias sin que exista un orden ni una distribución efectiva y eficaz.

Y ahora nos encontramos con una autonomía que proclama un sentimiento de sedición. Los sentimientos nacionales surgen de coyunturas críticas que no se dan en este momento, al menos políticamente hablando, pero hay políticos que las magnifican o simplemente las crean, porque suele ser el mejor sitio para el victimismo y de ahí a la victoria electoral. La culpa la tiene siempre el Estado central: si fuéramos independientes nos situaríamos en nuestro lugar, en el lugar del progreso, dicen. Porque el nacionalismo victimizado cree que lo autóctono es el mejor de los lugares, y la creación de ese sentimiento como argumento político llama a la emocionalidad y no al pragmatismo. El problema consiste en dirimir si esa aspiración necesita un Estado para existir o bien puede hacerlo en el marco de otro Estado. El problema consiste no en cómo ser catalán sino en quién paga la factura de serlo y quién lo administra.

A ello hay que añadir otro espejismo: el derecho a decidir.  El derecho a decidir no es absoluto, no es un incondicional a disposición de cualquiera. Y menos en un mundo global, en el que, por cierto, aspiran a integrarse. Me gustaría que alguien convocara un referéndum para decidir si pagamos o no impuestos, si queremos república o monarquía, si la iglesia debe ser financiada, si debiera haber pena de muerte, si deberíamos tener ejército…, convertir el decidir en un derecho absoluto erigiría al ciudadano en el auténtico representante de sí mismo, anularía la representatividad delegada en la que se basa la democracia, y de paso, destruiría el Estado, que pasaría a ser el mero resultado de la estadística, de la mayoría. Un Estado no se basa en la capacidad de poder decidir cualquier cosa, sino en decidir cuándo y quién tiene la capacidad de preguntar al ciudadano sobre una cosa que tenga relevancia y permita la continuidad de unos valores no meramente coyunturales. El Estado es simplemente una frontera política que se ha generado a través de una historia y que ahora se autoconserva. Confundir mayoría aritmética, Estado y partidismo, y manejarlo a su antojo no es nacionalismo, sino patrioterismo, un chovinismo instrumentalizador que utiliza los sentimientos, el de pertenencia a una cultura de nacimiento y el de ser libre para decidir, para dirigirlos hacia un interés estatalizador localista. Esos sentimientos son el vehículo para generar otro Estado, que supone la solución a la otra estatalidad, la ajena. ¿El objetivo es generar Estados que coincidan con una cultura? ¿Lo catalán existe como cultura asociado a Cataluña? ¿Y el resto de territorios que hablamos catalán? Evidentemente lo que se intenta es generar un territorio autónomo que se autogobierne económica y políticamente y que la decisión sea únicamente tomada por los que se sienten víctimas. El problema es que en un Estado de autonomías, no es el centro el que reparte sino que ese reparto se decide en función de un sistema de fuerzas y presiones que circulan desde todas y cada una de las comunidades autónomas (las otras víctimas) hacia las demás y hacia el centro. Un Estado independiente en España se genera como «victimismo» de todas y cada una de las autonomías, y por tanto, deberíamos ser todos los ciudadanos los que decidiéramos si en la Constitución debiera existir un procedimiento para que cualquier comunidad autónoma se declarara independiente. Esto nos llevaría a considerar que el reparto territorial efectuado en la transición, con 17 comunidades cuya raíz histórica es absurda en muchos casos, es el acertado. ¿No tendría derecho a independizarse una Castilla unificada e histórica? El problema es que la transición sigue viva. Vivimos en el modelo que entre franquistas reconvertidos y demócratas temerosos pactaron para edificar el edificio social, territorial y político de este país.

El victimismo es uno de los elementos definidores del nacionalismo. Entre otras cosas porque así también se define en la Constitución donde las competencias las otorga el partido que gobierna en cada momento. Únicamente una Constitución no victimizadora podría cerrar la estructura del Estado. Un federalismo pactado y refrendado por todos los ciudadanos, ¿acabaría con el victimismo? Probablemente no, pero si hubiera sido pactada por todos los gobiernos autonómicos y partidos políticos impediría la independencia, y el victimismo sería exclusivamente económico, lo que es más fácil de solucionar.

En resumen, me he permitido una primera aproximación a este tema que nos seguirá ocupando durante mucho tiempo.

domingo, 23 de febrero de 2014

Poemario 11


Pasar la tarde

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Acontecer la boca en las dunas de poniente.

Una visualización de la causalidad de la mirada: la playa que regresa.

Y mientras tanto tengo que hacer algo con estos objetos y los objetos de la lengua.

Tomar al sujeto que habla y entregarlo a la función de la vida, sobre la toalla muerta, sobre la arena muerta.

El metalenguaje de mis manos toca el agua caliente y salada, se deja nombrar por la garganta, y el sabor expulsa el habla como vocabularios. Entonces, escribo sus historias.


Y paso la tarde en la rutina.









lunes, 6 de enero de 2014

La nueva ley del aborto

De nuevo, con la ley nacionalcatólica que el Partido Popular se ha sacado de la manga, volvemos a discutir sobre lo que debe ser y no debe ser el aborto. Sin entrar en consideraciones sociológicas podemos considerar que existen dos elementos fundamentales para poder legislar sobre el aborto: la existencia de una persona como sujeto de derecho y la libertad como mecanismo que posibilita el ejercicio de la racionalidad que constituye a la persona. Los hay que pensamos que el feto no es persona hasta en tanto no surjan sus órganos de intelección, y que por tanto hasta entonces es la mujer la que tiene el derecho a decidir sobre lo que no es un sujeto. Adjudicar al cigoto o al embrión la cualidad de persona requiere o bien un acto de fe, el alma es infundida en el momento de la concepción, o bien un reduccionismo extremo, ambos son equivalentes a la persona. Ese ADN específico no es más que un proyecto, algo que tiene que realizarse mediante el desarrollo embrionario. Puede que no llegue a ser nada (existen un 20% de probabilidades que acabe en aborto natural) o bien que llegue a ser algo que carezca de las mínimas condiciones de humanidad (un feto con malformaciones graves). Que pueda llegar a ser en potencia persona no justifica que deba ser sujeto de los derechos de toda persona, pues tendríamos que aplicarle la misma regla a un espermatozoide o a un óvulo por separado, y prohibir la contracepción para evitar un asesinato, pues ambos contienen nuestro ADN específico. Los que estamos a favor de una ley de plazos entendemos que el límite de 12 semanas establece la frontera entre el periodo de la organogénesis (periodo embrionario) y el periodo fetal. Este último sí que es protegible como sujeto de derecho. Toda persona se realiza en el individuo a través de su psique y es cuando esta comienza a interactuar con el medio cuando podemos hablar de persona. Esto mismo, acudiendo a conceptuaciones de tipo religioso, es lo que han sostenido durante siglos los defensores de la animación retardada, es decir, la Iglesia (ver las entradas relativas al aborto en este blog). El embrión es una entidad extrajurídica, pues no posee los elementos mínimos que definen a un ser humano, aunque tenga vida biológica. El considerarlo como algo en potencia no tiene sentido, pues lo que todavía no es, puede no llegar a ser, y la condicionalidad obligaría a que sus «derechos» también fueran condicionales, para lo que habría que reconocer la existencia de un sujeto de derechos al que aplicarle la condicionalidad. Es por ello que la condición de sujeto solo la posee en ese momento la mujer, que es la que debe decidir sobre su cuerpo, en ese momento indiferenciado.